Disidencia criminalizada

Expediente de El Universal

Las maneras para castigar a la oposición son variadas y utilizan herramientas legales, judiciales o violentas. El miedo surte efecto y gana terreno.

ESTRATEGIA ROJA El del 14 y 15 de julio fue un fin de semana ajetreado para Mónica Fernández. En su condición de abogada y coordinadora del Foro Penal Venezolano se dedicó a defender y a velar por la integridad física de Simón, Alejandro, Francisco y Juan Mejías y de Marcos Carrillo, detenidos ese sábado en el estadio Universitario durante un partido de la Copa América, unos por repartir volantes con consignas políticas y otro por protagonizar un encontronazo, en el que salió golpeado, con el alcalde metropolitano, Juan Barreto.

Durante ese par de días, la abogada denunció, ante instancias gubernamentales y medios de comunicación, lo injustificado de tales detenciones y exigió libertad para los imputados.

El lunes 16, fue prácticamente protagonista involuntaria y ausente del programa La Hojilla, que se transmite por Venezolana de Televisión. El martes 17, la diputada Desirée Santos Amaral pidió que la encarcelaran por autorizar, como jueza, la presunta detención ilegal del ex ministro Ramón Rodríguez Chacín durante los sucesos de abril de 2002, por lo cual Fernández ya tenía un procedimiento abierto desde 2004. Ese mismo viernes, 20 de julio, la Fiscalía anunció la reapertura del proceso en su contra.

"Todo fue muy sistemático. Un ejemplo claro, pero sólo uno de tantos, de persecución política y criminalización de la disidencia. En La Hojilla, Mario Silva (conductor del espacio) y Juan Barreto dijeron expresiones que incluso podrían tipificarse como delito de violencia contra la mujer, según la nueva ley, y me difamaron con la falsedad de que no soy abogada. Toda la semana me mencionaron en La Hojilla con incitaciones claras al odio. En cuanto a la solicitud de la diputada Santos Amaral, fue realizada totalmente fuera de contexto, durante una sesión que debatía el caso de supuesta extorsión ejercida por un comunicador social que denunciaba irregularidades en Pdvsa", expresó Fernández haciendo el recuento de aquella semana.

Y se hizo el silencio. Para Fernández, la fórmula de atacar con insistencia y luego desaparecer busca el desgaste psicológico, la implantación de la zozobra y una reacción extrema del imputado: o baja el perfil o se radicaliza. El hecho que reflotó Santos Amaral ocurrió hace más de cinco años y la imputación fiscal lleva casi tres. El caso lo han conocido cinco tribunales, "con la clara intención de que quede en el que no corresponde".

Para Tamara Suju, también abogada y activista de la oposición, está claro que la disidencia política está criminalizada. Suju prefiere hablar de "criminalización de la política", pues considera que cualquier manifestación ciudadana, de opinión o acción, es una forma de hacer política.

"En Venezuela estamos pasando del Estado de Derecho al Estado de Derecho Militarista, ni siquiera comunista. Es la tendencia a criminalizar la política. Los ciudadanos hacen política cuando manifiestan, cuando opinan distinto. Si eso le molesta al sistema imperante, la criminalizan, tratando de callarlos, absorbiendo espacios, intentando sembrar miedo y persecución a través de la actuación de diversos entes, que pueden ser grupos radicales, tribunales, autoridades policiales y militares, entre otras", explica.

Como todos los abogados defensores de imputados de la oposición también se siente agredida: "Hemos sido víctimas de persecuciones, de eventos humillantes hasta en los juicios en los que hemos estado. Sobre mí, en particular, difundieron un burdo montaje de una conversación para intentar imputarme delitos que jamás cometí".


Fernández también observa rasgos militaristas en este esquema de acción, aunque le agrega un segundo elemento, el autoritarismo. Tal binomio, "militarismo-autoritarismo", le resulta un castigo para toda la sociedad civil organizada, más allá de los partidos políticos de oposición, a los que considera, en su mayoría, "destruidos". Y técnicas claras: "marcadas persecuciones, cambios de altos funcionarios públicos, leyes para castigar a la disidencia, delincuencia organizada, jurisdicciones especiales antiterrorismo, juicios muy largos o condenas rápidas. Todo forma parte de un patrón visible".

La persecución no tiene por qué ser sólo física o judicial. También puede ser laboral. Suju cita como ejemplos los despedidos de la antigua Pdvsa, los marinos mercantes e incluso aquellos que no obtuvieron trabajo o fueron despedidos por aparecer como firmantes de la oposición en la llamada Lista Tascón o el Programa Maisanta, que contiene información política sobre los votantes inscritos en el Registro Electoral. "Este tipo de discriminación puede implicar, incluso, delitos de lesa humanidad porque a muchos se les ha despedido, no se les ha cancelado lo debido y se les ha perseguido para que no encuentren trabajo".
Por un video, por un liderazgo

Fue un militar, el capitán retirado de la Guardia Nacional Javier Nieto Quintero, quien se dedicó a organizar cine-foros por varias ciudades venezolanas acerca de la película La fiesta del chivo. Ahora está en la clandestinidad, tras ser acusado de "instigar a la rebelión" basados, según Suju, en "un expediente que armaron y que resulta fantástico, pues lo acusaron de magnicida junto con otros militares como Iván Ballesteros, el político Oscar Pérez y hasta Posada Carriles, quien se encontraba preso". También fue imputado, en mayo, por tenencia ilegal de 50 armas largas. Cualquiera sea la razón, acallaron la película y a los foristas.

No es el único militar que se considera perseguido. Algunos otros son el general Oswaldo Suju Rafo, activo miembro de la oposición venezolana, también acusado de instigación a la rebelión y quien, como Nieto, se encuentra en la clandestinidad. Los militares disidentes que se pronunciaron en la plaza Francia de Altamira se encuentran en el exilio, bajo presentación en tribunales o en prisión. El general retirado Francisco Usón, quien emitió opiniones sobre el caso de los soldados quemados en Fuerte Mara y la situación de la Fuerza Armada durante un programa de televisión, está preso.

La lista que enumeran las abogadas al hablar de casos que pudieran calificarse como criminalización de la disidencia es larga, pero ambas coinciden en señalar un ejemplo emblemático, el del alcalde de Chacao, Leopoldo López. Fernández lleva la cuenta: han sido 26 procesos penales, 15 imputaciones y dos inhabilitaciones políticas. Atribuyen la persecución legal y judicial a que "es un líder verdadero".

Sigue el listado: "los miembros de Súmate, acusados, imputados y, en algunos casos, con prohibiciones de salida del país; Carlos Ortega y Carlos Fernández, líderes gremiales de trabajadores y empresarios durante el paro, imputados y en el exilio; los líderes de los partidos políticos, que "han sido burlados, difamados y amedrentados"; Alberto Federico Ravell y Leopoldo Castillo, accionista y periodista de Globovisión respectivamente, acusados -entre otros señalamientos- de fomentar el magnicidio; los canales no complacientes Globovisión y RCTV, uno con aproximadamente 80 procesos judiciales, legales y administrativos en su contra y el otro imposibilitado de transmitir por señal abierta; la jueza del Tribunal 4º de Control del estado Yaracuy, Alcy Maite Villañales, quien otorgó medida cautelar sustitutiva de libertad a los 29 imputados en la fuga de prisión del ex gobernador Eduardo Lapi, destituida de inmediato pese a estar en pleno permiso posnatal; los jerarcas católicos y judíos que se han atrevido a expresar posiciones críticas; Mohamad Merhi, padre de una de las víctimas más jóvenes de la marcha del 11 de abril de 2002, quien ha sido sometido al escarnio público, acusado de miembro de la CIA y de lavar dinero" y los comisarios de la Policía Metropolitana en funciones ese mismo día, Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas.

Sobre este caso, Suju hace consideraciones particulares. A su decir, el proceso fue violado desde el principio, desde el instante en que Forero y Vivas solicitaron asilo en la Embajada de El Salvador y les fue negado. "El Salvador los entregó al Gobierno y se comprometió, junto con otros tres países, a vigilar que tengan un trato justo y que se respeten sus derechos humanos. Esto no ha ocurrido. El juicio lleva más de año y medio radicado en una ciudad distinta adonde los tienen presos, con tres audiencias por semana, en condiciones insoportables y llenos de vejaciones".

Sobre la frontera entre lo que puede calificarse como delito o como persecución política, Suju aclara que el caso de los policías metropolitanos del 11 de abril (incluyendo a los tres comisarios y los ocho funcionarios) es un ejemplo claro de castigo a la oposición. Hace un paralelismo: "Su trabajo era proteger a una masa de gente desarmada de un grupo armado que disparaba desde Puente Llaguno. Esos tiradores, partidarios del oficialismo, existieron y todo el mundo los vio. Entonces ¿por qué los pistoleros están libres, sin cargos, y los de la oposición están presos? ¿Por qué no todos están en igualdad de condiciones? El trato es distinto porque lo que se hace es criminalizar a la oposición".

Pero no se penaliza sólo a quienes disienten desde el lado del país que no es rojo. Cualquier desacuerdo del lado oficialista es muy mal recibido. A los poquísimos que se atreven a disentir, aunque sea sutilmente, les quedan dos opciones: pedir perdón o aguantar los calificativos de traidores, desleales u opositores, que pareciera ser un insulto más. "La persecución también se aplica en sus propias filas, así ha ocurrido con gobernadores como los de Aragua y Sucre, o como la dirigencia de Podemos", dice Suju.

Fernández, quien se considera perseguida, también se siente acompañada. Dice que la solidaridad proviene de Venezuela y del resto del mundo. Eso otorga una coraza particular. Pero lo común es otra cosa. Tamara Suju lo ha visto en quienes solían ayudar a la oposición. El miedo surte efecto, dice. La conclusión es cualitativa y cuantitativa: "Cada vez son menos los dispuestos a ayudar a quienes lo necesitan".